viernes, 23 de febrero de 2018

La Insurrección de Los Pensionados

Lo escenificado por los pensionados en Bilbo hace unos días fue solo una escaramuza, la batalla apenas ha iniciado ayer, según nos informa este artículo en Deia:


Los pensionistas rechazan el alza de solo el 0,25% y exigen su ajuste con el IPC. Piden 1.080 euros como mínimo.

Xabier Aja

“Los políticos tienen que entender que dependen de nuestros votos” “Esto ha sido una estafa en toda regla. Que nos devuelvan todo lo que han robado” “Estoy aquí por solidaridad con la gente que cobra unas pensiones de miseria” “Estamos aquí también por los chavales porque nosotros, más que menos, lo tenemos mejor” Pedro “Cobro una pensión de mierda con un hijo de 37 años a mi cargo y trabajando desde los 14” “ Hay que mantener la actualización de las pensiones con el IPC real para no perder”

“Estamos hartos. Las pensiones son el fruto de decenas de años de cotización, no es una limosna que nos tienen que dar los políticos. Esto es un atraco”, señalaban indignados ayer los miles de jubilados y pensionistas vascos que tomaron las calles de Bilbao en manifestación por la defensa de unas pensiones públicas dignas y en contra de una subida de las mismas como la aprobada por el Gobierno español del PP de Mariano Rajoy de solo el 0,25%, por debajo del incremento de los precios, lo que les hace perder poder adquisitivo.

Las convocatorias iniciales de grupos de jubilados hechas sin siglas y al margen de los partidos políticos y otras organizaciones sociales -aunque ayer muchas de ellas hicieron llamamientos para secundar la marcha-, cristalizaron en una gran manifestación de veteranos y veteranas por la Gran Vía de Bilbao.

Citados ante la sede del Ayuntamiento de Bilbao a las 12 horas para trasladarse hasta la sede la Subdelegación del Gobierno español en la plaza Moyúa de la capital vizcaina, más de media hora antes, las unidades del metro que se acercaban hasta la plaza Circular estaban absolutamente llenas de unos viajeros inhabituales porque la gran mayoría tenía más de 60-65 años de edad, y alguno más de 90 años, “sí, pon la edad que tengo, que vean que todavía los viejos tenemos arrestos para defender las pensiones y la justicia social”.

Frente al Ayuntamiento bilbaino esperaba una multitud, “no esperábamos estar tantos”, señalaban los últimos en acercarse, gratamente sorprendidos del éxito de la convocatoria favorecida por una mañana sin lluvia.

Al grito de “manos arriba esto es un atraco”, miles de jubilados con los brazos en alto iniciaron la marcha con dificultades para superar el puente del ayuntamiento abarrotado de pensionistas.

Pero no fueron los únicos lemas que se corearon en el acto de ayer ya que se sumaron decenas de consignas en las que la clase política no salía precisamente bien parada. No falta dinero, sobran chorizos, fue una idea-guía repetida, una y otra vez, por una multitud de jubilados y viudas, muchos de ellos “veteranos de otras guerras”, según recordaban antiguos trabajadores de las grandes empresas industriales de la Margen Izquierda del Nervión, que habían padecido la represión franquista.

Los numerosos casos de corrupción en el Estado español estaban en boca de muchos jubilados hasta el punto de gritar con estos ladrones peligran las pensiones.

Los pensionistas que colapsaron el centro de Bilbao portando pancartas y coreando lemas como Las pensiones son un derecho, Basta de robar a los pensionistas, Unidos en defensa de las pensiones y Esta lucha la vamos a ganar circularon tras un grupo musical, con gaitas incluidas.

La cabeza de la marcha estuvo liderado por una pancarta que recogía el leit motiv de las movilizaciones: “Pensiones públicas dignas. No al 0,25%” pero luego los manifestantes eran mucho más rotundos en sus críticas al Gobierno de Rajoy, en particular, y a los dirigentes políticos en general.

Poder electoral

Parte de los jubilados y pensionistas empezaban a ser conscientes al verse en tal multitud, del poder electoral que tiene un colectivo de cerca de 680.000 personas en Euskal Herria y 9,5 millones en el conjunto del Estado español, de ahí los gritos de “si nos roban las pensiones, ya vendrán las elecciones”, “si nos cabreamos, no votamos” y “para no acabar en la pobreza, pensiones dignas”.

Los más avezados del colectivo de pensionistas explicaban a todo el que quería escucharlos que entre los jubilados se está incubando un “sentimiento de rebelión” porque “se nos mantiene las pensiones en pérdida de poder adquisitivo de forma permanente y, en el futuro, limitándolas a un crecimiento del 0,25% anual”. Además, criticaban con conocimiento de causa otras medidas gubernamentales que van a recortar las prestaciones de jubilación en el futuro. “Se prolonga la vida laboral para alcanzar el derecho a la jubilación, se recortan las pensiones de salida por la aplicación del factor de sostenibilidad, se retrasa de 52 a 55 años la edad para poder acceder al subsidio de mayores sin recursos, se reduce el valor de las pensiones de viudedad, se pierde el IPC como valor de cálculo para la revisión anual de las pensiones, y se agota la reserva de la caja de pensiones para rescatar a los bancos”.

Por los jóvenes

Muchos pensionistas echaban de menos a más jóvenes en la manifestación e indicaban que “estas reivindicaciones también tienen que ver con ellos, con su futuro”. “No estamos aquí solo por nosotros, estamos para defender un sistema de pensiones públicas dignas para el futuro de las nuevas generaciones”. Tras recordar algunos veteranos que los más jóvenes a la hora de la manifestación están trabajando, más de uno clamó para que la próxima manifestación “sea un sábado”.

Los pensionistas advirtieron de que la situación será “aún más grave” para las nuevas generaciones ya que, con las medidas previstas por el Gobierno español, las pensiones sufrirán “un recorte considerable”.

Los convocantes de la marcha se mostraron muy críticos con las afirmaciones de la ministra Fátima Báñez sobre las pensiones señalando que “no se ha perdido poder adquisitivo” y afirmaron que el Gobierno español “miente” cuando asegura que no se pueden subir más las pensiones.

Tras pedir una pensión mínima de 1.080 euros mensuales resaltaron que “la riqueza en el conjunto del Estado ya ha alcanzado los niveles de 2008 y los beneficios de la banca han vuelto a aumentar y las retribuciones de las grandes empresas se incrementan en un 15%”. “Riqueza hay pero mal repartida”, señalaba un grupo de veteranos, antes de arremeter contra los excesos de un sistema capitalista insaciable. “Ahora bancos y aseguradoras quieren forrase con las pensiones privadas y por ello están metiendo miedo y recortando el sistema público”.

Los jubilados vascos antes de despedirse, satisfechos por el éxito de la movilización, señalaron que “volveremos a concentrarnos” porque su objetivo es que se garanticen unas pensiones públicas dignas, actualizadas con la evolución del IPC para no perder poder adquisitivo porque “no pedimos limosna, hemos trabajado y cotizado decenas de años para llegar hasta aquí”.






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Dispersión a @Erreharria

Lo dicho, no todos los tuiteros tendrán la suerte que acompaña a "Tácito" Baena y se ha cumplido, según nos informa Naiz, han dispersado a @erreharria.

Este cambio de prisión tiene graves implicaciones pues quiere decir que ante el comunicado por parte de ETA desde Madrid han decidido retornar al infame "umbral del entorno de ETA, sin saberlo" que pusiera en efecto Baltasar Garzón en su momento.

Y es que si se aplica la política draconiana de dispersión a Remírez y esta solo se aplica según los gerifaltes borbónico bananeros a personas que han cometido graves delitos como terrorismo, secuestro y agresión sexual a menores... y Remírez está en prisión por unos tuits pues entonces...

Aquí les dejamos con la información:


Alfredo Remírez, conocido como @erreharria en Twitter, ha sido trasladado desde la prisión de Basauri, donde se encontraba desde el pasado mes de noviembre, cuando fue encarcelado para cumplir un año de condena.

A través de las redes sociales, desde ‘Erreharria Libre’ han denunciado que Remírez ha salido de la prisión de Basauri y que será «dispersado por denunciar la dispersión».



Han anunciado que ofrecerán más información al respecto, pero por el momento se desconoce cuál será la prisión a la que será trasladado @erreharria, como se conoce a Remírez en Twitter.

En febrero de 2017, fue juzgado acusado de «enaltecimiento del terrorismo» en Twitter. Su defensa aceptó un acuerdo por el que asumía una condena de un año y medio de prisión y una inhabilitación de 14 años y seis meses para eludir entrar en prisión.

Sin embargo, posteriormente, la Audiencia Nacional echó mano de otra sentencia anterior para poder encarcelar a Remírez. Se basó una sentencia de 2009, cuando fue condenado a un año de prisión por mostrar la foto de un preso en el txupinazo de las fiestas de Amurrio de 2005. El tribunal se valió del fallo de 2017 para anular la suspensión de condena.

Finalmente, fue el 4 de noviembre cuando ingresó en la cárcel de Basauri.






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jueves, 22 de febrero de 2018

Auzolan para el Autogobierno

Así que los habitantes de la CAV podrán aportar su granito de arena a la Ponencia de Autogobierno según nos explica este artículo en Deia:


El Parlamento escuchará a la ciudadanía a través de la plataforma ADI!, y pedirá sus reflexiones a Eusko Ikaskuntza

Míriam Vázquez

El proceso de redacción del nuevo estatus de autogobierno contará con la participación de la sociedad vasca de principio a fin. El Parlamento de Gasteiz pondrá a disposición de los ciudadanos en unas semanas la herramienta ADI!,elforo de internet que permite a los vascos hacer aportaciones en la tramitación de proyectos y proposiciones de ley. Los comentarios no serán vinculantes para los grupos parlamentarios, pero este procedimiento garantiza que la opinión de los ciudadanos llegue hasta su destinatario y tiene la vocación de abrir una vía para que pueda condicionar la actuación política de los partidos, las enmiendas o el sentido de voto. El procedimiento de inscripción es sencillo y basta con aportar el nombre y el correo electrónico;o bien inscribirse a través de la cuenta personal de Facebook o Twitter. El Parlamento pondrá en marcha una campaña informativa para que los vascos sepan que tienen esta posibilidad a su alcance.

En los próximos días, la coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, redactará un documento de síntesis con las propuestas que han puesto sobre la mesa los partidos sobre el nuevo estatus de autogobierno, sus coincidencias y sus discrepancias. Aunque parezca una labor aséptica, es un trabajo que está resultando complejo y, además, la estructura de los documentos de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE es muy diferente. No hay plazo límite para culminar el texto. El PP, por su parte, no cree que haya que reformar el Estatuto de Gernika. Cuando esté listo ese documento de síntesis, se abrirá el debate entre la ciudadanía en la plataforma ADI!,que ya se activó para la discusión de iniciativas como la Ley de Adicciones.

Los partidos tendrán que encargar más adelante a un grupo de expertos la redacción de un articulado, que después se someterá a un proceso de enmiendas y negociación en el Parlamento Vasco. A continuación, el texto deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados y, al final del proceso, volverá a someterse al examen de los vascos con el referéndum vinculante propio de toda reforma estatutaria y previsto en la ley.PNV y EH Bildu proponen añadir otro proceso de contraste: una consulta habilitante antes de llevar el estatus al Congreso.

Dentro del proceso de participación de la ciudadanía, también se pedirá a Eusko Ikaskuntza que formule sus aportaciones. Este punto aún está sin cerrar. La centenaria sociedad de estudios vascos ha sonado estos meses como candidata a refundir las propuestas de los partidos en un articulado, pero no es eso lo que acordaron ayer los grupos. Ese punto no se ha abordado todavía. Ahora se trata de que Eusko Ikaskuntza participe en el debate a través de los grupos de trabajo sectoriales que ha puesto en marcha con motivo de su centenario. La entidad tiene abiertos varios procesos de participación social sobre el euskera, la estructura política vasca y el modelo socioeconómico, entre otros asuntos. Su aportación, en cualquier caso, va a requerir probablemente la firma de un convenio con el Parlamento. Todos los grupos, por unanimidad, apostaron por su participación en la reunión celebrada ayer en la Ponencia de Autogobierno, que solo abordó la metodología de trabajo y fue muy breve.

El debate

El documento de síntesis que prepara Berriozabal también se enviará a los expertos que han comparecido en la ponencia para ofrecer su visión, y podrán enviar nuevas aportaciones si lo desean. El procedimiento de escucha ciudadana en ADI!se activará después, con el documento de síntesis ya cerrado. El proceso de contraste con la ciudadanía se abrirá en un debate de gran trascendencia política como el nuevo estatus, donde los partidos aspiran a instaurar una nueva relación con el Estado español que garantice el respeto al autogobierno vasco.

Los cuatro partidos que apuestan por reformar el Estatuto están de acuerdo en que no pueden producirse más invasiones de competencias por parte del Estado. Sin embargo, en el caso de los socialistas, creen que no se puede instaurar una relación en pie de igualdad con el Estado sin pasar antes por una reforma de la Constitución española. El PNV reivindica los derechos históricos, que facultan a Euskadi a actualizar su autogobierno y que están reconocidos en la propia Constitución, de ahí que no vean necesaria esa reforma constitucional. En cualquier caso, apuesta por el pacto con el Estado.






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El Tuitero Daniel "Tácito" Baena

Conozcan ustedes por conducto de los buenos oficios de Público al tuitero Daniel Baena, jefe policial de encharolado tricornio que va por  la red social del pajarillo azul con el alias de Tácito.

Por supuesto, no teman por él, su libertad de expresión no será coartada como la de tantos otros, él podrá tranquilamente seguir su personal cruzada contra los sediciosos catalanes y en defensa de la Una Bajo Dios y su martasanchezca bandera de colores rojo y amarillo que tanto gustaba al Caudillo.

¿Y su ética profesional?

¿No se pone en duda su distanciamiento ético y deseada objetividad?

Tampoco se preocupen, contra el independentismo catalán todo vale, en Españistán tiene mucho que la ética está enterrada en el Valle de los Caidos y a Montesquieu hace rato que lo fusilaron contra la tapia de un cementerio o en una desconocida cuneta. Nadie va a fiscalizar a @nmaquiavelo1984.

Lean ustedes:


El teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya, se oculta en las redes sociales bajo el pseudónimo de Tácito (@nmaquiavelo1984). Con ese nick y con la descripción de "politólogo" reprende a políticos a los que él mismo investiga en las tres causas abiertas sobre el 1 de octubre y la presunta sedición y rebelión. También critica a periodistas y las actuaciones de los Mossos o las de asociaciones como Òmnium o de partidos como ERC y la CUP. 

Patricia López / Carlos Enrique Bayo

Las investigaciones de la Policía Judicial de Catalunya sobre el procés soberanista catalán han enviado a la cárcel a los presidentes de Òmnium Cultural y de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Otros miembros del disuelto Govern de Carles Puigdemont, como Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, pasaron un mes en prisión preventiva.

También están siendo investigadas relevantes dirigentes de la CUP, como Mireia Boya y Anna Gabriel –refugiada en Suiza y con orden de detención en España–, o de ERC, como Marta Rovira, así como  el ex jefe de los Mossos d'Esquadra que declara este jueves en la Audiencia Nacional, acusado de sedición, Josep Lluís Trapero, quien podría acbar también ingresando en prisión.

Todos los informes que sustentan las causas que instruyen el Juzgado Nº13 de Barcelona –donde hay alrededor de 300 personas investigadas bajo secreto de sumario–, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dependen de los hombres dirigidos por el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de Catalunya.

Pero, al mismo tiempo que dirige las pesquisas contra los líderes soberanistas, Baena "está vertiendo sus ideas políticas en unas investigaciones que tienen que ser objetivas", protestan compañeros suyos de la Guardia Civil. "Y esto nos está llevando a serios enfrentamientos entre nosotros, con los compañeros desplazados desde Madrid, con los Mossos y con media sociedad", denuncian esas mismas fuentes.

Alto mando de la Guardia Civil a plena luz, Baena se esconde en las sombras de Twitter bajo el pseudónimo de Tácito (@nmaquiavelo1984) y la autodefinición de "politólogo" para increpar a personas que aparecen en las diligencias que el mismo firma, como al diputado Lluís Llach; corregir a periodistas que no siguen del todo la línea que a él le gustaría, como es el caso de Rebeca Carranco de El País, Mayka Navarro de La Vanguardia o Anna Punsi de La Ser. O para criticar las actuaciones de los Mossos d'Esquadra.

Y no disimula mucho. El 2 de febrero, cuando el Ayuntamiento de Barcelona anunció a través del concejal Jaume Asens que se iba a personar en todas las causas judiciales por la represión del 1 de octubre su comentario en Twitter fue: "Estaremos atentos en ver si para esto se utiliza el dinero público". O el 14 de noviembre cuando su medio de cabecera, El Periódico, publicó "El independentismo echa el freno. Mas, Comín, Campuzano, Tardà y Òmnium se suman a la autocrítica de la estrategia secesionista", la respuesta de Tácito fue: "Sí, pero los procesos no, Ahora no se para. La Justicia no para".



Baena es uno de los pocos seguidores que Tácito tiene en Twitter y sus dos personalidades comparten seguimiento de las cuentas en Twitter de los periodistas de sucesos que mantienen una estrecha relación con este mando de la Guardia Civil. Relación en redes que él siempre había cultivado desde su puesto como jefe provincial en Girona, "pero que se ha desmadrado con todo el tema del procés y sobre todo desde la llegada del coronel Diego Pérez de los Cobos", explican los que trabajan con él.

Porque el enviado especial del Gobierno a Catalunya, burócrata de la Secretaría de Estado desde la época en que el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba le puso allí, nada más llegar a Catalunya ha relegado a un segundo plano a quien debería ser su superior, el general jefe de zona. "No sabe coordinar equipos, sabe de política y tiene como mejor aliado al teniente coronel Baena que es capaz de intentar crear un relato judicial para justificar que las movilizaciones que se inician con las Diadas de 2013 constituyen un delito de rebelión", dicen de él otros miembros de la Guardia Civil o de la Fiscalía.

La cúspide de este conflicto interno entre los hombres de Pérez de los Cobos y Baena (Policía Judicial de Catalunya) y los de las unidades centrales de Información o la Unidad Central Operativa (UCO) con sede en Madrid se alcanzó la semana pasada. El teniente coronel tuvo que aclarar en el canal de Telegram a través del que informa a los periodistas de cuáles son las noticias que relatan bien sus informes –en los que se vincula al empresario Jaume Roures con el procés o a Guardiola por dar un discurso en favor del 1 de octubre– que el autor: "No es la UCO. Es Policía Judicial de Catalunya".

La noticia que seguía a este mensaje la publicaba El Mundo e informaba de que "La Guardia Civil acusa a los líderes independentistas de "actuar con tácticas propias de la delincuencia organizada". Exactamente lo que le escribió Tácito a Lluís Llach el 30 de octubre:



Los Mossos y Trapero, en su punto de mira

Baena siempre ha manifestado a través de Tácito su perfil fervientemente opuesto a los soberanistas, a quienes acusa de crear una "posverdad" para su relato. Por ejemplo, el 20 de noviembre, con las investigaciones abiertas y los políticos catalanes en prisión, escribía: "Que no. Que no se trata de acatar nada. Se trata del riesgo de fuga. Que la mitad de su “banda” está HUIDA de la justicia. Ya está bien de tanta posverdad. Y de tanto ignaro" o, más claro, "Los que dicen que la tierra es plana reconocen la República de #catalunya".

Pero su objetivo principal son los Mossos. "A Baena le ha tocado vivir el repliegue de la Guardia Civil en Catalunya y tener que trabajar con la Policía autonómica nunca le ha gustado", explica una fuente de este cuerpo. Y añade: "Baena era el responsable de la Guardia Civil ante los Mossos (coordinador de investigaciones), pero se retiró de esto hace mucho para no tener contacto con ellos e investigar al cuerpo... Mucho antes de toda la tormenta".

Este 30 de enero volvió a dejar ver su animadversión por la forma de trabajar de los Mossos en tareas de seguridad, cuando cientos de ciudadanos entraron en el Parque de la Ciudadela en cuyo interior está el edificio del Parlament de Catalunya. Tácito exclamó: "Y esto es un dispositivo??!! Que vergüenza".



Mucho antes, el 1 de noviembre, ya había dejado bien claro que su intención no es la reconciliación:

Cuando la periodista de El País publicó que "Jueces y Mossos intentan cerrar heridas", el teniente coronel Baena, a través de su alter ego, le respondió: "como siempre: pobres @mossos igual @guardiacivil o @policia han hecho “algo” para ganarse la confianza de Jueces y Fiscales #JoNoSocSegador". Ella le contestó: "Vivimos en relatos que rehuyen la complejidad de la realidad. El primer totalitarismo es de pensamiento: si no dice lo q creo, es posverdad". Y él sentenció: "De acuerdo. Pero en este caso no se dice lo que no creo, no se dice lo que sé. Y no soy el único que lo sabe".
De la confesión a la posverdad del desmentido

No es el único que lo sabe, "pero no se puede utilizar información privilegiada para sus vendettas contra los independentistas. Porque nosotros sabemos que Tácito es el teniente coronel Baena y eso no es posverdad", explica un persona con la que trabaja habitualmente.

Público se puso en contacto directo con Daniel Barea y éste comenzó por reconocer que él es Tácito en Twitter. Pero cuando se le planteó que las opiniones que expone en esa cuenta parecen incompatibles con la obligación de hacer informes ecuánimes sobre las investigaciones que él dirige, empezó a dar marcha atrás.

Primero adujo que Tácito era un grupo de personas: "Digamos que es una cosa personal y tampoco tiene nada que ver con esto… Aparte de que también lo gestiona otra gente ese perfil, que no soy yo el único". Después dijo: "Es un grupo de personas, que no soy yo, además". Y terminó por aseverar: "O sea, no soy yo. Yo directamente", argumentando finalmente que al principio "pensaba que se refería usted a otra cosa… No al perfil de Twitter".

Eso sí que va a resultar ser posverdad de la buena.


Aquí la portada de Tácito en Twitter:







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AI y la Involución Represiva Españistaní

¿Cómo estarán las cosas que el impresentable Esteban Beltrán ha cambiado su postura con respecto a las múltiples violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el régimen español llegando incluso hasta el punto el director de Amnistía Internacional España de llamar las cosas por su nombre?

Le preocupa el ataque abierto en contra de la libertad de expresión - a las que habría que añadir la libertad de prensa y la creación artística -, el uso faccioso del marco legal, los excesos policiacos y el incumplimiento de convenios internacionales.

En Naiz se ha publicado esta reseña del informe anual de esta cuestionada ONG:


Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en el Estado español y denuncia que «alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso». Cita como ejemplo las 20 condenas dictadas por «enaltecimiento al terrorismo» o el «uso excesivo de la fuerza» durante el referéndum del 1-O. El informe se hace eco también de los casos de Nekane Txapartegi y los jóvenes de Altsasu.

Amnistía Internacional ha publicado el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 195 países del mundo y, en lo que respecta al Estado español, manifiesta su preocupación sobre la libertad de expresión.

El director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, ha denunciado que «cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos» por las «miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión» en aplicación de la «ley mordaza».

«La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias», ha añadido Beltrán, quien insiste en que «se han disparado los juicios y condenas» por ese motivo.

Amnistía lamenta que «comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas».

«Uso excesivo de la fuerza» el 1-O

El informe también condena «el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes» ante la prohibición del referéndum.

En ese sentido, AI destaca en su informe que «se restringió desproporcionadamente» el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de las personas partidarias de la independencia de Catalunya. Cita, entre otros, la prohibición de un acto en Gasteiz.

Amnistía Internacional incluye en su trabajo la situación de encarcelamiento en la que se encuentran desde el pasado mes de octubre Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y de Òmnium, respectivamente.

Nekane Txapartegi y Altsasu

En el informe también se hace referencia a diversos casos relativos a Euskal Herria. Por un lado, cita el caso de Nekane Txapartegi, quien quedó en libertad el pasado mes de setiembre tras prescribir su condena. Añade que, meses antes, en abril, el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición solicitada por el Estado español.

En el apartado en el que habla de la aplicación «desproporcionada» de la legislación «antiterrorista», el informe recuerda que tres de los jóvenes de Altsasu siguen encarcelados a la espera del juicio, previsto para el próximo mes de abril.

Por otro lado, recoge también que el Constitucional admitió en mayo de 2017 un recurso presentado por el Gobierno español contra la ley del Parlamento de Gasteiz relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos policiales.

Ignacio Robles

Ignacio Robles, un bombero de Bilbo que ha sido expedientado por negarse a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí desde el puerto bilbaino, ha relatado las consecuencias para su vida personal y profesional de haberse negado «a ser cómplice de crímenes de guerra».

«Cada 10 minutos muere un niño de menos de 5 años en Yemen, y yo tengo dos hijos de esa edad; me dan ganas de llorar cuando oigo esas informaciones», ha reconocido este bombero, para el que su «expediente ha sido un aviso a todos los profesionales que tienen relación con esos envíos».

«La dejadez de la mayoría de los gobernantes está provocando que la sociedad tome partido, pero se toman medidas de represión brutal contra los activistas», ha dicho Ignacio Robles, quien ha destacado que «una acción muy pequeña, puede tener unas consecuencias muy importantes».

Por su parte, la activista guatemalteca Yolanda Oquelí ha relatado el sufrimiento que deben soportar los defensores de derechos humanos, como en su caso, que tuvo que salir de su país tras un atentado por enfrentarse a las multinacionales.

«Yo vivo, pero hay compañeros muertos y el único delito que hemos cometido ha sido denunciar violaciones de derechos humanos; en el caso de las mujeres tenemos una doble carga, porque debemos abandonar a nuestra familia por denunciar lo injusto», ha asegurado Oquelí, que ha sido acogida en el Estado español en un programa de protección de defensores de derechos humanos.

«Las activistas que estamos defendiendo el agua y las tierras somos amenaza para las multinacionales y los gobiernos corruptos, especialmente el Gobierno de Guatemala; es uno de los gobiernos que está de la mano de las multinacionales y es un total violador de derechos humanos», ha concluido.

En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, «que se mantienen», y la desprotección frente al derecho de vivienda.

Censura los desalojos forzosos «sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado» realizados en 2017: 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.

El Gobierno español incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la UE y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes.

«Los derechos humanos no se encuentran entre las políticas migratorias», ha señalado Beltrán, quien ha lamentado que sigan registrándose «devoluciones en caliente» en la frontera de Melilla, a pesar de que el Estado haya sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe, la abogada que defendió esos casos, Isabel Elbal, ha destacado la importancia de que el tribunal europeo haya declarado que «las devoluciones en caliente son ilegales porque vulneran el derecho a los derechos».

«La seguridad de la ciudadanía es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos», ha opinado la letrada.






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ARCO Colaboracionista

Les presentamos la editorial de Naiz en la que se aborda el tema del aparente acto de autocensura llevada a cabo por la Feria del Arte Contemporáneo (ARCO) que decidiese retirar la instalación del fotógrafo Santiago Sierra, misma que visibilizaba una de las peores lacras en contra de la democracia que persiste en el estado español: los presos políticos y los presos de conciencia.

Lean ustedes:


Ifema, el recinto ferial madrileño que acoge desde hoy la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, forzó ayer la retirada de una obra con el elocuente título de “Presos políticos en la España contemporánea”, realizada por el artista Santiago Sierra. Una colección de fotografías de presos –o expresos– con la cara pixelada entre los que se identifican sin mayores dificultades, por ejemplo, a los periodistas de “Egin” encarcelados, a los jóvenes de Altsasu, a Arnaldo Otegi, a los Jordis y a Oriol Junqueras.

La decisión recuerda irremediablemente a la tomada hace poco más de un año por parte de las autoridades guipuzcoanas con otra exposición relacionada con presos vascos en el marco de Donostia 2016. Como entonces, las razones argüidas para justificar la censura no hacen sino reflejar la miserable y empobrecedora visión que tienen ciertos gestores de la política –llamarles políticos sería demasiado– de la libertad de expresión y de la propia función del arte en una sociedad. Porque apelar al objetivo de «garantizar el retorno de la inversión» en una feria «comercial de alcance internacional», como lo hizo Ifema, despoja al arte de toda su necesaria dimensión política.

Es fácil intuir, sin embargo, que los censores no han dedicado ni un minuto a reflexionar sobre las implicaciones artísticas del escándalo. Su obsesión solo es una: negar hasta el absurdo la existencia de presos políticos en el Estado español. Como si forzar la retirada de una obra en este sentido no fuese, precisamente, la confirmación de que, en efecto, existen. Igual que existe la persecución política. Y si no pueden preguntarle al ministerio de Justicia suizo que ayer avanzó que ve complicada la extradición de la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, al considerar que está siendo perseguida por su actividad política. El Estado se aferra a la ilusión de que aquello que no se ve, no existe; pero sus esfuerzos por invisibilizar la evidencia, con la ayuda de la caverna mediática, no logran sino alimentar la obviedad –por fortuna cada vez más generalizada–, de que existen presos políticos. Pese a la censura, o gracias a ella, la obra de Santiago Sierra ha logrado su objetivo.






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ETA y el Punto Final

Les compartimos este análisis de Gara con respecto al comunicado donde ETA detalla los trabajos que ha realizado en aras de su futuro próximo.

No se habla de disolución... pero tampoco de desmovilización.

Se habla de punto final. Así, sencillo.

Aquí el texto:


Tras meses de debates y votaciones, la reflexión de ETA se acerca a su conclusión. La propuesta de la dirección es dar por concluido su «ciclo y función», en coherencia con los pasos previos y con el objetivo claro de «fortalecer el proceso». La participación es muy amplia.

«Hay que fortalecer el proceso político en todos los ámbitos, y en este contexto nuestra decisión supone un elemento necesario para generar nuevas situaciones (…) Nos corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (...) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie». Este es uno de los principales extractos de la propuesta de la dirección de ETA que se está sometiendo a debate y votación en los últimos meses, y a la que ha tenido acceso GARA. El desenlace se espera para antes del verano.

En un contexto en el que en la opinión pública se utilizan términos diversos como «disolución», «desaparición» o «desmovilización», el documento de propuesta política al que ha tenido acceso GARA marca con total nitidez la apuesta por poner punto final a ETA, lo que atañe tanto a su ciclo histórico de casi 60 años como a su función.

La alta participación está siendo una nota destacada, y ha sido impulsada directamente por la organización para dar la mayor amplitud y solidez a esta trascendental decisión.

El proceso se articula sobre la base de tres documentos: uno de contextualización histórica, otro que resume el periodo desde 2009 a la actualidad y un tercero que contiene la propuesta política. Es solamente este último el que se somete a escrutinio, con la opción de votar sí, no o hacerlo en blanco.

La propuesta política no se vota por partes, sino en su globalidad. Todo ello conlleva que el resultado será inequívoco, rotundo. Y se materializará de modo inmediato.

En el caso de que la propuesta de la dirección sea aprobada, el final del ciclo y la misión de ETA serán dadas a conocer públicamente. Y con ello la organización desaparecerá de facto. En consecuencia, «no será ya un agente que interpela y es interpelado», remarca la propuesta. Únicamente quedarán algunas labores de carácter técnico (por ejemplo, impedir eventuales «utilizaciones malintenicionadas de las siglas de ETA»), que en buena parte ya se han ido encarrilando estos meses. Pero ETA ya no existirá.

Condiciones y madurez

¿Cómo se sustenta esta propuesta? La «tranquilidad estratégica» es uno de los conceptos clave. Se quiere destacar con ello que existen condiciones objetivas suficientes para llevar al final el proceso de liberación nacional que ha sido objetivo de ETA en su historia. Si bien no se obvian las dificultades de los últimos años (incluso alguna fase de «colapso») y se advierte de que el futuro no está escrito, la dirección entiende que «contamos con razones suficientes para tener confianza en el futuro».

Aquí apunta que si bien «el camino no ha llegado hasta el final» hoy día tampoco se encuentra «cegado». Y lo que queda por recorrer «se debe realizar de otra forma». «ETA cuenta con el suficiente bagaje y ha realizado el recorrido necesario para tomar sus decisiones con esa tranquilidad estratégica. Y tiene también donde volcar su capital político», se puede leer.

Quizás la frase más rotunda al respecto sea esta: «No se opta entre Organización y precipicio». «Hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA –prosigue esta propuesta–. Además, el movimiento político que denominamos izquierda abertzale ha demostrado suficiente madurez y capacidad de lucha, resulta mucho más eficaz para materializar el reto al que nos enfrentamos hoy en día».

Continuidad inviable

Durante estos meses pasados, medios de difusión y portavoces políticos han especulado sobre la opción de que ETA intentara «perpetuarse» de algún modo como organización. La propuesta lo descarta completamente, pero no sin explicación, sino valorando las situaciones que podría acarrear una decisión de ese tipo.

Este documento, redactado ya en abril de 2017 (el mes en que se culminó el desarme), expone primero que «el final del ciclo resulta cada vez más evidente y, a consecuencia de las decisiones tomadas, ya se ha producido en gran parte. El final de la estrategia político-militar marcó el comienzo del final del ciclo de la Organización».

Se añade que, en la nueva situación, «si quisiéramos dar continuidad a la Organización, como una organización convencional, tendríamos que reinventar todo lo demás: estrategia, funciones políticas concretas y medios de lucha e influencia». Y, del mismo modo, si tras el desarme ETA quisiera seguir como organización civil, «al objeto de mantener algún tipo de autoridad moral, las amplias mayorías a conseguir, si son ciertamente amplias, no lo entenderían», e incluso podría ser presentada como obstáculo. Junto a todo ello, se alude a que otras organizaciones rechazaron formalizar su final y cómo ello provocó «confusión y descapitalización de forma evidente, hasta convertirse en siglas fantasma».

Una vez decantarse por tanto por este fin de ETA, la dirección remarca que ello no supone acabar con su labor, sino al contrario: «Esta es una propuesta para avanzar, y para ello resulta muy importante que toda la fuerza militante creada bajo la influencia de ETA y a su alrededor aporte –siga haciéndolo– en la Izquierda Abertzale, en el proceso independentista, en el movimiento popular... No es el momento de irse a casa. Por el contrario, la presente fase política necesitará la fuerza e impulso de todos y todas, como nunca».

Fase política:

«La situación más beneficiosa para nosotros, así como para los sectores populares y la clase trabajadora vasca, no es otra que dejar la anterior fase definitivamente atrás y abrir totalmente la nueva. Por eso precisamente, las fuerzas contrarias al cambio recrean constantemente que nos encontramos en la situación anterior, para que no se produzcan avances que pongan en riesgo sus privilegios».

«No queremos ocultar que el proceso de liberación ha padecido unos años de crisis (...) No obstante, desde el punto de vista del presente ciclo político e histórico, debemos resaltar que las condiciones para seguir adelante continúan intactas (...) La clave está en levantar el proceso independentista (...) y eso marca el norte de las decisiones de ETA».

Tranquilidad estratégica:

«En el último ciclo histórico de 60 años se ha producido una recuperación nacional, el proyecto político que tiene como meta la independencia y el socialismo ha prendido en amplios sectores de Euskal Herria, se han identificado con claridad los contenidos de las etapas intermedias... Además de responder forzado por la urgencia, el independentismo de izquierda ha colocado las bases suficientes para avanzar en el camino de la libertad, y ello proporciona a ETA esa tranquilidad estratégica también para mirarse a sí misma».

«Los objetivos que han guiado a ETA no se han logrado aún, pero durante estas décadas se ha acumulado fuerza y voluntad popular en torno a ellos, y precisamente esa es la garantía para que el proceso de liberación prosiga, así como la base que debe dar seguridad para tomar nuestras decisiones».

Refundar la oferta independentista:

«Para construir un futuro compartido, ETA ha renunciado siquiera a intentar imponer la integridad de su relato. La Izquierda Abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco. Y ello, inevitablemente, tiene consecuencias directas respecto a la función histórica de ETA, pues nadie entendería que se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista».

Función histórica:

«No se opta entre Organización o precipicio. Hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA. Además, el movimiento político que denominamos Izquierda Abertzale ha demostrado suficiente madurez y capacidad de lucha. Resulta mucho más eficaz para materializar el reto al que nos enfrentamos hoy en día. Por lo tanto, no podemos actuar como si nos encontráramos en los comienzos y no podemos comparar la situación con la de aquellas organizaciones armadas que se han convertido en movimiento político».

Futuro:

«Más que de la Organización, habrá necesidad de los militantes de la Organización, para expandir en diferentes ámbitos los valores, el compromiso, la determinación... mostradas durante estos años, para contribuir a un movimiento de liberación más eficaz, poniendo al servicio del futuro el caudal militante acumulado. Huelga decir que aquellos y aquellas que han sido militantes de ETA tendrán que actuar también en el futuro con la responsabilidad que corresponde a tal condición, manteniendo la honestidad, coherencia y responsabilidad necesarias para el proceso de liberación, y asumiendo el deber de mantener la cohesión interna en la Izquierda Abertzale».






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Narcoestado Borbónico Bananero

Desde su página de Pueblo Comunero los compañeros de la Izquierda Socialista plantean un escenario que podría, incluso, ser la respuesta al secuestro del libro Fariña.

Lo que nos dicen nos remonta a los tiempos de Informe Navajas y más recientemente a los torpes intentos por desacreditar a quienes insisten que el estado inundó de heroína barata a Euskal Herria como parte de su estrategia para sofocar el independentismo.

Hay que reflexionar mucho acerca de los peligros que esto implicaría. No hay mas que echar una mirada a Colombia o a México para entender lo mal que pueden ir las cosas.

Aquí el texto:


Desde el estallido de la crisis, han ido apareciendo de forma pública y notoria algunos de los elementos que alimentaron y ambientaron la burbuja especulativa, cuyo pinchazo fue elemento detonante de esa crisis. Uno de ellos, de gran importancia, es la corrupción, absoluta y generalizada, no sólo entre la clase política, sino en el conjunto de las instituciones y poderes del Estado: en las estructuras policiales, en la Administración de Justicia, en el poder mediático, en la Monarquía y, muy especialmente, en el sector financiero.

El sector financiero fue y sigue siendo una estructura esencial en el circuito que discurre entre el dinero ilegal, fruto de la economía criminal -prostitución, pero más especialmente el narcotráfico- hasta convertirse en dinero blanqueado, es decir, legal. El negocio inmobiliario fue el cauce privilegiado durante el boom en ese sector para tales prácticas; y todo el mundo sabe, incluyendo jueces y policía, que en las operaciones de compraventa de pisos y otros bienes inmuebles, el precio que constaba en los documentos notariales y el que realmente se pagaba eran sustancialmente diferentes. Esa diferencia se cubre en dinero ilegal con la complicidad de las partes. Con frecuencia, sobre todo cuando esas operaciones eran corporativas, ese dinero ilegal provenía directamente de la economía criminal y más concretamente del narcotráfico. Sobre esta parte de la cuestión ni se ha publicado ni se ha investigado, aunque todo el mundo sabe de su existencia.

Actualmente asistimos a un repunte brutal de la distribución de la heroína, también a un repunte de la actividad inmobiliaria, así como a una profundización de la crisis del Régimen del 78, que opta para su reproducción por una política intensamente represiva. ¿Pero sólo juegan con la política represiva? No lo creemos. Para llevar adelante la llamada “Transición” en los años 70 y primeros de los 80 del pasado siglo, recurrieron a la heroína como ultima ratio. No hay mas que comparar los datos de las epidemias del SIDA de los años 90, adquirida por vía parenteral por los consumidores de heroína, y los núcleos de mayor combatividad social y política en los años 70. No nos cabe la menor duda de que la heroína y otras drogas similares se están utilizando de nuevo desde las cloacas del Estado para el control de los movimientos sociales y políticos que luchan a lo largo y ancho del territorio del Estado. No sólo con la intención de provocar un impacto directo sobre estos movimientos, sino para condicionarlos también indirectamente. Lo que está ocurriendo en el barrio de Vallekas o en el Raval constituye un claro ejemplo. A su vez, lo que está sucediendo en la Línea de la Concepción demuestra la infiltracion directa del narcotráfico en las estructuras del Estado, así como de significativas capas sociales.

Si se utilizara la décima parte del entusiasmo que el Estado aplica en la represión del movimiento soberanista catalán al control del narcotráfico, este problema estaría en una situación muy diferente. Pero el narcotráfico tiene grandes utilidades para el Régimen del 78 y la mafia que lo sustenta, que además vive de él. No sólo desde el punto de vista económico, sino social y político.

La transformación del Régimen monárquico borbónico en un Narcoestado avanza paso a paso.

Izquierda Castellana
Castilla, 21 de febrero de 2018







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miércoles, 21 de febrero de 2018

Suiza Arropa a Anna Gabriel

La justicia helvética recién tuvo que pasar el trago amargo de lidiar con Madrid en su obsesiva persecución política en contra de la militante vasca Nekane Txapartegi. Los jueces suizos aprendieron un par de cosas acerca del grado de corrupción de sus contrapartes españoles, mismos que permiten que se viole el Espíritu de Montesquieu un día sí y al otro también, trogloditas que voltean a ver hacia el otro lado con respecto a la práctica de la tortura en contra de los independentistas vascos.

Es por eso que a diferencia de Bélgica, que ha tenido que hacer malabarismos sobre cascarones de huevo para proteger a Puigdemont y sus acompañantes de la vengativa furia española, Suiza ha sido clara y contundente: no entregará así porque sí a la política catalana Anna Gabriel.

Aquí la información al respecto dada a conocer por El País:


El Gobierno federal suizo avisa de que no es posible extraditar a ciudadanos por razones políticas si no hay violencia

Àngels Piñol

El Gobierno federal de Suiza ha anunciado este mediodía que no extraditará a España a la exdiputada Anna Gabriel al sostener que esa medida no está contemplada en las leyes internacionales y en las del propio país helvético cuando se trata de delitos políticos. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, ha apuntado que el artículo 3 de la Ley Federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal, de Suiza, señala que la extradición está excluida por razones políticas y solo se contempla cuando se han cometido acciones que llevan implícita la violencia como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra y otros particularmente reprobables como la toma de rehenes.

Galli apunta que, de momento, la Oficina Federal de Justicia (FOJ) no ha recibido ninguna petición de demanda por parte de España aunque desliza que, de acuerdo con las informaciones publicadas por los medios de comunicación, “los actos que se le imputan a Anna Gabriel son políticos a primera vista”. “Por tanto”, señala el portavoz en la respuesta escrita, “Suiza no podría actuar sobre una posible solicitud de extradición o una solicitud de asistencia judicial recíproca”. Con todo, el portavoz apunta que la Oficina Federal de Justicia examinará los hechos a fondo si España le cursa una petición de extradición.

Gabriel, en una entrevista en TV-3, ha interpretado la orden de detención contra ella como "fruto de la excepcionalidad que se vive en Cataluña"  y ha asegurado que esta dispuesta a pedir asilo en Suiza se solicita una orden de extradición. Preguntada por la decisión del juez, la exdiputada ha remachado: “Queremos que se acabe la excepcionalidad, que salgan los presos políticos, que se archive la causa y que todas las personas que estamos fuera podamos volver”.

El portavoz suizo ha aclarado que la extradición “no será posible” aun en el caso de que los delitos que se le imputan a Gabriel en España –el de rebelión- sean también punibles en Suiza. Galli se refiere así a los artículos 265 y 266 del Código Penal de su país inscritos bajo el Título 13 que versa sobre los crímenes o delitos contra el Estado y la defensa nacional. El primero establece el castigo de al menos un año de prisión para quien quiere modificar la Constitución por medio de la violencia y el segundo aumenta las penas hasta al menos cinco años, en el caso más grave, para quien colabore con agentes exteriores que pongan en peligro la independencia de la confederación helvética.

El Gobierno suizo apunta que en ese caso sí se podría establecer la doble incriminación que es una condición importante para la extradición. Pero añade: “Aun así, la cuestión decisiva es de si se trata de un delito político por el cual, de acuerdo con el Convenio Europeo sobre extradición y las leyes suizas, se excluye. Como en el caso de todos los otros delito y faltas del título 13 del Código Penal”.







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Puigdemont Cede en Favor de la República

La estrategia soberanista catalana acaba de dar un vuelco muy particular.

Les invitamos a leer esto dado a conocer en la página de Naiz:


Carles Puigdemont dará un paso a un lado y renunciará a ser investido a distancia, según avanza Nació Digital. El medio catalán apunta a que desea permitir de esta forma «un Govern efectivo» en Catalunya y «el reconocimiento de una estructura republicana» en Bruselas.

El president Carles Puigdemont renunciará a volver a ser investido, esta vez a distancia, con el fin de «desbloquer» la legislatura, según ha anunciado Nació Digital. Las fuentes del medio catalán apuntan a «un desenlace inminente» en el que empujarán a un «Govern efectivo» que opere en Catalunya y «una estructura republicana» en Bruselas.

Las reuniones para cerrar los flecos definitivos se celebrarán entre mañana y el viernes, después de que las fuerzas independentistas hayan asumido que no será posible una investidura a distancia efectiva y sin riesgos judiciales a los investigados por el Supremo.

De hecho, uno de los investigados y encarcelado, Jordi Sánchez , suena como una de las principales opciones. El medio catalán también apunta al conseller de Presidencia, Jordi Turull.





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