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jueves, 5 de abril de 2018

Van Contra Trapero

Los lemas de casi todos los cuerpos policiacos del mundo, o por lo menos lo que forman parte de las instituciones de países considerados democráticos, rezan casi siempre lo mismo: para servir y proteger.

Lo cual todos sabemos, no es el caso.

Pero si en algún momento de la historia reciente algo así sucedió, definitivamente fue en Catalunya el 1° de octubre pasado cuando la policía autonómica de la Generalitat, conocida como los Mossos d'Esquadra, procedió a proteger a los catalanes que acudían a las urnas a expresar su voluntad de la brutal represión ejercida por parte de el grupo de policía militarizada denominado Guardia Civil y la propia Policía Nacional española. Heroica hazaña en la que estuvieron reforzados por los bomberos. Y decimos heroica porque hay que recordar que los Mossos no son en realidad una corporación policial catalana, sino española con nombre en catalán, así como la Ertzaintza en la CAV. De hecho, tanto los Mossos como la Ertzaintza se caracterizan por contar entre sus filas con muchos agentes que provienen de otros lugares del estado español pues su inclinación represiva requiere que no haya lazos estrechos con la comunidad a la que "sirven y protegen".

Pues bien, con el 155 ese idilio entre el pueblo catalán y los Mossos tocó a su fin. Desde Naiz nos informan que la trituradora inquisitorial españistaní ya ha llegado hasta Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, así como a sus más cercanos colaboradores.

Lean ustedes:


La jueza de la Audiencia Nacional española ha procesado al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero acusado de organización criminal y dos delitos de sedición. El exdirector de la Policía autonómica catalana Pere Soler, el ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y la intendente Teresa Laplana también han sido procesados.

La jueza Carmen Lamela ha procesado al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por pertenencia a organización criminal y dos delitos de sedición, por las protestas del 20 y 21 de setiembre ante la Consellería de Economía en Barcelona y por la jornada del referéndum del 1 de octubre. La magistrada también ha procesado por organización criminal y un delito de sedición al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, por la jornada del referéndum.

Junto a ellos, Lamela ha procesado a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, por las concentraciones del 20 y 21 de setiembre. A todos los ha citado el próximo 16 de abril a las 10.00, para notificarles el procesamiento y tomarles declaración indagatoria.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sostiene en su auto de procesamiento que Trapero, Laplana, Puig y Soler, «pertenecen y han desempeñado sus actividades» como miembros de «una compleja y heterogénea  organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente, al margen de las vías legales, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario».

Según la jueza, para lograr esa secesión hubo un «reparto de papeles» entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles catalanas, dentro de una «estrategia premeditada y perfectamente coordinada» en la que se utilizó a los Mossos de forma «ilegal» el 20 y 21 de setiembre y el 1-O. La Policía catalana, según el auto, se mantuvo «al margen de cualquier actuación de la Policía y la Guardia Civil», y su conducta estuvo dirigida a «obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia». Para ello, afirma, siguieron «una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig».

Lamela concluye que estos tres formaban parte de «una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas» e integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre».





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